La compra de vinos por el Estado Argentino

Era previsible: los problemas que afectaron a la vitivinicultura durante los últimos tres años están aflorando en la superficie y los reclamos se han hecho sentir. La uva y el vino tienen precios que generan que los productores tengan serios problemas para cubrir sus costos y el Estado salió a intervenir en la compra, fijando un piso, como sucediera en numerosas oportunidades anteriores. Lo preocupante del caso es que esa intervención estatal sólo se da en el caso de la vitivinicultura y aisladas veces en algunas frutas, pero no se plantea en la horticultura ni tampoco en el resto de las actividades económicas.

Los inconvenientes en la industria vitivinícola no son nuevos y tienen su historia. Sólo cabría recordar que en las décadas de 1970 y 1980 los gobiernos provinciales acordaban la implementación de bloqueos, prorrateos y cupificación tanto en vinos como en uvas para intentar influir sobre los precios, mientras las bodegas estatales: Giol, en Mendoza, y Cavic, en San Juan, funcionaban a full comprando uvas y elaborando vinos. El resultado no podía ser otro que una crisis permanente, la erradicación de viñedos y la pérdida de productores.

La entrega de Giol a las cooperativas y la apertura hacia los mercados externos generaron un gran cambio en la industria, crecimiento que se fortaleció con algunas decisiones acordadas entre los sectores y el Gobierno en la búsqueda de actividades alternativas. El acuerdo Mendoza-San Juan, de derivación de uvas a mosto, tiene como objetivo principal “sacar” producción para estabilizar el precio del vino. Brindó buenos resultados y permitió a San Juan aprovechar el jugo de uvas para equilibrar los valores, mientras Mendoza compensó el menor porcentaje de derivación a través de las exportaciones.

Sin embargo esa solución no fue permanente y los problemas en la industria se reiteraron. Sólo cabría recordar que aquella manifestación de productores portando un féretro cubierto con uvas, intentando afectar el Carrusel vendimial, provocó que las autoridades cedieran ante la presión y que esa modalidad se repitiera en otras oportunidades, como lo que sucedió durante la gestión de Celso Jaque, adoptando una decisión individual en un aumento en el precio del vino y complicando severamente a San Juan, que debió salir a pagar valores similares.

Este año la situación se repite. A pesar de que el Gobierno había anunciado la compra de uvas y vinos, los productores no aceptaron los valores y reiteraron sus reclamos y amenazas, lo que motivó que el Estado saliera a aumentar la oferta, la que tampoco los convence, según lo han manifestado. Debería advertirse que el Estado no actúa de la misma manera cuando los problemas afectan a otras ramas de la actividad agrícola.

Lo ha hecho sólo en contadas oportunidades en el caso de la fruta, pero no lo hace en la horticultura. A modo de ejemplo podríamos señalar que meses atrás los productores de lechuga debieron arar su producción porque no tenía precio y, peor aún, el Gobierno provincial mantuvo un criticable silencio cuando, por problemas estacionales, el tomate alcanzó un valor importante y el Ejecutivo nacional puso en marcha una campaña en contra de la compra del producto, culpándolo de la inflación.

Los productores tienen razón en sus planteos, porque con los valores actuales de la uva y del vino no alcanzan a cubrir los costos de producción. Pero la solución no puede pasar por la intervención del Estado sino que deben ser ellos, junto a lo demás actores de la industria, los que las encuentren. La vitivinicultura ha demostrado que trabajando en conjunto hubo crecimiento, aun a expensas de decisiones económicas nacionales que pusieron piedras en el camino. Debe concretarse ahora una verdadera integración productor-bodeguero; es la deuda que queda pendiente y que entre todos deben solucionarla.

Los Andes