1938, 1º gran crisis del vino: tiraron 134 millones de litros
Lagrimas de dolor e impotencia debieron correr por las caras curtidas de los viñateros y bodegueros hace 76 años, cuando la primera gran crisis vitivinícola del país terminó con la orden de la Junta Reguladora de Vinos de tirar a las acequias 134 millones de litros de vino de excedente.
En la investigación realizada el año pasado por Alejandro Gennari, Jimena Estrella Orrego y Leonardo Santoni, del Departamento de Economía, Política y Gestión Rural, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, se analizaron las regulaciones públicas en la cadena vitivinícola argentina a lo largo de la historia. El informe señaló que fue recién con la gran crisis de 1933-1938, cuando se produce una consistente intervención regulatoria de parte de la Junta Reguladora con medidas drásticas: Erradicación obligatoria de viñedos, y eliminación por vuelco de vinos. “Con este paquete de medidas, el Estado intervino por primera vez directamente en el mercado adquiriendo uvas y vinos para su eliminación. Los abuelos memoriosos recuerdan los vuelcos de vino en los canales de irrigación urbanos y rurales”, contaron en el informe final.
Un documento fuerte de esta acción reguladora lo encontramos en la Revista La Superiora, Nº 205, de diciembre de 1938. La revista era editada por una de las mayores empresas vitivinícolas de la época, La Superiora, con sede en San Juan y Mendoza y plantas en las principales ciudades del país.
“El criminal derramamiento de 134.000.000 de litros de buen vino”, denunciaba el título de la nota principal que ocupaba varias páginas. Las fotos eran elocuentes y mostraban el vino corriendo por las cunetas de tierra.
“Las acequias de Mendoza y San Juan, concebidas y realizadas para favorecer con el elemento vital que es el agua, las viñas de que a justo titulo se gloriaban los trabajadores de la tierra, han servido esta vez para llevar a lo largo de sus cauces la prueba de un crimen sin precedente. A título de medida de buen gobierno se han derramado en ellas 134 millones de litros de buen vino, riqueza restada al acervo argentino, alimento hurtado a la necesidad de lo pobres, producto del trabajo lícito escamoteado arbitrariamente a sus dueños sin ningún fundamento que no sea la incapacidad de "regular" la industria vitivinícola sin llegar a la consumación de lo imperdonable”.
En este primer párrafo se siente la bronca y la impotencia del sector con la medida que los obligaba a tirar el producto de un año de trabajo y al que en ese entonces ya consideraban como “alimento”.
Luego señalaban que los reguladores se habían aferrado al preconcepto de existencia de una superproducción vínica, que era la responsable del desequilibrio entre la oferta y la demanda de vinos envileciendo los precios. “Pero ¿sobre qué bases ha sido entendida esa superproducción? desde luego la elaboración lograda no excede (lejos de ello) las necesidades del consumo porque es sabido que el índice nacional per cápita está por debajo de lo que se consume en otros países. No hay excedente sobre la capacidad de absorción de los mercados sino sobre la capacidad de comerciar con los vinos nuestros”, aseguraban.
Desde esta empresa, que compraba uva a miles de viñateros de San Juan y Mendoza, culpaban a las autoridades por la errónea medida de tirar vino, y su incapacidad para negociar su venta en el interior y su exportación. Los instaba a fomentar mejores organizaciones de ventas, ampliar los mercados existentes, procurando otros nuevos, “obrando en forma que el valor alimenticio que es el vino llegue hasta la mesa de los pobres”.
“No se podrá argüir que habría sido necesario invertir mucho dinero inexistente para encarar y resolver el presunto problema sin llegar a la consumación del crimen realizado con buena intención y mal criterio. Más de 50 millones de pesos moneda nacional han costado los arbitrios salvadores aplicados hasta hoy sin obtener otro resultado que no sea llegar al extremo que estamos comentando”, aseguraban con dolor.
Tiempo de San Juan
No hay comentarios: